Martínez y caso convenios: "Hay una Ley de Presupuestos que se hizo cargo del tema, que de alguna manera cerró brechas de vulnerabilidad"
En conversación con Tele13 Radio, la directora de Presupuestos indicó que "hoy teníamos una normativa muy dispersa en materia de la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro". La autoridad también comentó la relación con el Congreso en medio de la discusión del Presupuesto Fiscal 2024.
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El reciente despacho a ley del Presupuesto Fiscal del año 2024, el anuncio del Presidente Boric de convocar a un gabinete con sello reactivador para dinamizar la economía e incluso el caso convenios fueron parte de los tópicos abordados este jueves por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en conversación con Tele13 Radio.
Al ser consultada por los dichos del mandatario a partir de la Ley de Presupuesto respecto a convocar un gabinete de crecimiento, Martínez indicó que entendió que el anuncio es en el contexto del consejo de gabinete que se realizará mañana. "Esto ha pasado con otras grandes tareas que ha tenido el Ejecutivo durante estos casi dos años que para algunas tareas en específico se socializa esa tarea con el gabinete, porque se espera que gran parte del gabinete se haga cargo de tarea en específico", sostuvo, agregando que se ha hecho en temas como la seguridad y el plan de emergencia.
Ya en materia de Presupuesto, Martínez abordó el polémico episodio en que se le impidió entrar a la discusión en la Sala de la Cámara de Diputados. La autoridad aseguró que "el trabajo con el Congreso en esta Ley de Presupuestos fue un buen trabajo en las distintas etapas del presupuesto".
"Son dos meses que se discute la ley de Presupuesto, una primera parte de subcomisiones donde se hizo un buen trabajo con las subcomisiones, un buen trabajo me refiero entre el Ejecutivo y el Congreso. Después vino una etapa de comisión mixta donde también tuvimos una buena discusión. De hecho, de ahí surgieron más de 40 y tantas indicaciones que luego se presentaron en la Cámara. Después tuve el trabajo en la Cámara y en el Senado", recordó.
Eso sí, Martínez reconoció que en la Cámara fue el trabajo más dificultoso desde el punto de vista práctico, porque es más complejo el estar fuera de la Sala que dentro de ella. Sin embargo, reflexionó: "Creo que en general esa actitud colaborativa que tuvieron tanto personas del Congreso, del oficialismo como la oposición, fue la actitud mayoritaria. Y con eso preferiría quedarme más que con quizás menos disposición o con el ruido que podría haber sido más propio de un grupo acotado de diputados".
Explicó que para entrar a la Sala se necesita unanimidad de 155 personas, pero eso no impidió que se tramitara la ley y que se pudiesen llegar incluso a acuerdos. "Hubo un preacuerdo muy importante en materia de salud en la sala. En materia de seguridad también se avanzó bastante. Con eso me quedo, con la actitud colaborativa y de trabajo hasta largas horas de la noche del Congreso", destacó.
Respecto a su opinión por el hecho que esto se haya motivado por su eventual vinculación con el caso convenios, precisó que en las conclusiones de la comisión investigadora no hay una referencia específica a algún acto de la Dirección de Presupuestos que refleje lo que se ha comentado. Y que, si bien no fue citada a la comisión a pesar de ponerse a disposición cuando hablaran específicamente de los gobiernos regionales, entregó un oficio donde se explica cada uno de los temas en discusión.
"Los convenios, en su mayor parte, casi en su totalidad, son del año 2022. La Ley de Presupuesto que se tramitó el año pasado es de cara al 2023. Malamente una ley de Presupuesto 2023 puede explicar cosas que pasaron en el año 2022", expresó. Y enfatizó que la buena noticia hoy es que hay una ley de presupuesto que se hizo cargo del tema y que "de alguna manera cerró brechas de vulnerabilidad que existían en la normativa".
Sobre este último tema, destacó -entre otros aspectos- que "hoy teníamos una normativa muy dispersa en materia de la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. Cuando había regla general, habían 100 maneras distintas de enfrentar esto, y hoy tenemos ya reglas generales que es la concursabilidad para todo tipo de transferencia que también hace una división importante".
Frente al caso convenios en la investigación de Antofagasta de Democracia Viva, reafirmó que hasta el momento no ha tenido citación ni novedades al respecto y afirmó que de manera institucional -no solamente este caso sino que en otros conocidos en la opinión pública- se puede pedir cierta información específica a la Dirección de Presupuestos.
Asimismo, mostró su disposición para colaborar con esta investigación: "He estado disponible de ir, he ido al Congreso cada vez que se me ha citado en la comisión de Hacienda, principalmente, sobre el tema. De hecho, nos propusimos ir con el ministro Marcel a la comisión de Hacienda del Senado de la Cámara, así que toda la disposición siempre".
Desde el punto de vista personal, al estar involucrados miembros de su partido en el caso, dijo que es "muy frustrante" y "genera bastante rabia", pero se impuso desde la Dirección de Presupuestos hacer que los recursos se gasten de la mejor manera posible y por eso se hizo una revisión sobre las más de mil páginas de la Ley y las más de 2.000 glosas.
Martínez planteó que antes esa asignación directa nunca había estado normada. Según explicó, a partir del 2022 al 2023 existe un reglamento que tiene que pasar por el Consejo Regional donde se determina los contenidos mínimos para esa asignación directa. Otro aspecto relevante que avanzó de la Ley de Presupuesto 2022 al 2023, dijo, es que "las modificaciones presupuestarias antes no se especificaba que tenían que pasar por la Contraloría, por el órgano contralor, y eso sí es una modificación hacia el 2023".
En medio de la proliferación de estos convenios, en cuanto a que se habría establecido un mecanismo para sacar dineros al Fisco y ejecutarlo con distintos fines, Martínez comentó que se tenía un nivel de debilidades normativas: en la creación de instituciones privadas sin fines de lucro, en la relación del Estado con estas instituciones privadas sin fines de lucro, y una debilidad normativa en los mismos gobiernos regionales que una vez que son electos y hay un proceso de descentralización política no tienen ninguna normativa permanente sobre cómo ocupar su presupuesto.
"Por eso es tan importante los cambios que se están haciendo hoy día. Por eso es tan importante escuchar y tomar la recomendación de la Comisión Jaraquemada", puntualizó.
Detalle del Presupuesto 2024
En cuanto al Presupuesto Fiscal del año 2024, Martínez señaló que fueron dos meses muy intensos, al igual que la preparación vinculado al trabajo de proyección fiscal de prioridades que se debe hacer dentro del Ejecutivo.
Respecto al contenido del Presupuesto 2024, detalló que tiene énfasis bien marcados en cuanto al destino de los recursos. Destacó que el 40% de la expansión del gasto- el cual llega a 3,5%- se refiere a temas de salud.
Valoró que se sigue consolidando un aumento de recursos en materia de seguridad, Ministerio Público y Carabineros. Y también que el próximo año empezaron con un presupuesto mayor en emergencias, principalmente incendios forestales. "En la Conaf hay un aumento relevante de presupuesto, pero también hay un artículo especial para las emergencias, de manera de hacer más expedita y más ágil la ayuda del Estado en esos momentos", dijo.
Martínez añadió que este año la preparación para la Ley de Presupuesto fue mayor porque hubo más de mil cambios para elevar los estándares de probidad que provienen de las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada. En esa línea, apuntó a que se planteaba una heterogeneidad de normas en la Ley de Presupuesto.
"Si bien la concursabilidad era norma para ciertas cosas, después por glosa presupuesto, veíamos que se autorizaba el jefe de servicio hacer trato directo. Hoy todo eso se cambió y se puso una norma general que es de acuerdo al articulado de la Ley de Presupuesto", explicó. Eso sí, agregó que aún así es ley de Presupuesto por lo que el 31 de diciembre de 2024 pierde vigencia si es que no está en la Ley de Presupuesto del próximo año: "Por eso también se está preparando un proyecto de ley más permanente en esta materia".